Santo Domingo.- La Superintendencia de Valores cumpliendo con el plazo establecido en el decreto 143-17 del Poder Ejecutivo y las Normas de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, dio a conocer los nombres de los colaboradores electos en las elecciones internas, mediante la cual fueron escogidos para conformar la Comisión de Ética Pública de esa institución.
El personal de la SIV participó en el proceso interno el pasado miércoles 19 de Julio. Mediante el voto electrónico seleccionaron seis miembros que conformarían la Comisión de Ética Pública, junto a la encargada de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública de esa Superintendencia. En el sufragio compitieron empleados de las áreas Administrativa, Servicios Legales, Recursos Humanos, Servicios Generales y Áreas Técnicas para formar parte de esa estructura supervisora.
Luego de la celebración del proceso electoral, fueron designados los colaboradores: Raysa Miguelina Ubiera Ortiz, del área legal; Alba Karina Suero Sanchez, de Recursos Humanos, Mayra Jimenez Tejeda, de Administración y Francisco Federico Tavarez Lantigua, del área de protección y educación al inversionista. Completan la Comisión de Ética los señores Henry Luis Medina Jones del área de participantes, y Yhomarth Ernesto Reyes Lizardo del área de tecnología.
Durante el acto de juramentación el Superintendente Lic. Gabriel Castro expresó lo siguiente “Nuestra institución ha sido un norte en cuanto a trabajo en equipo, transparencia y de eficiencia se trata. Es muy importante que comprendan su rol dentro de esta comisión y que sean un complemento de toda la política de transparencia que hemos estado implementando“.
El Comité Electoral para el proceso interno de la SIV estuvo compuesta por Socrates Fersobe Matos, Eriberto Rosario y Milagros Lora, quienes notificaron a la DIGEIG sobre el desarrollo del proceso y los documentos que lo sustentan, esperando solo la convocatoria al acto de juramentación.
Las Comisiones de Ética Pública (CEP) son organismos de carácter cívico integrados por servidores públicos que promueven valores, principios y normas de conducta en las entidades públicas donde laboran.